¿qué derechos se evidencia cuando se habla de memoria histórica?

¿qué derechos se evidencia cuando se habla de memoria histórica?

Qué es la memoria histórica

Las leyes de la memoria consagran interpretaciones aprobadas por el Estado de acontecimientos históricos cruciales. Conmemoran a las víctimas de las atrocidades del pasado, así como a personas heroicas o acontecimientos emblemáticos de movimientos nacionales y sociales. Se remontan a siglos atrás y siguen extendiéndose por toda Europa y el mundo.

En sánscrito, la palabra «mela» significa «encuentro» o «reunión».  Esa imagen recuerda el papel paneuropeo de las leyes de la memoria, pero también suscita una paradoja. La memoria construida por el Estado «reúne» a los ciudadanos bajo un manto de unidad simbólica, pero, en una sociedad multicultural, amenaza precariamente esa unidad. Las preguntas son: ¿Cuándo las leyes de la memoria entran en conflicto con los valores de la ciudadanía democrática, el pluralismo político o los derechos humanos fundamentales? ¿Son las leyes punitivas inevitablemente abusivas? ¿Son las no punitivas mayoritariamente benignas? ¿Existen formas óptimas para que los Estados propaguen la memoria histórica?

El proyecto de investigación, de tres años de duración, es un consorcio de cuatro países reunidos para examinar las leyes de la memoria en toda Europa y el mundo, organizado con el apoyo financiero de una subvención de HERA (Humanidades en el Espacio Europeo de Investigación).

Ejemplos de memoria histórica

Cualquier debate sobre la legitimidad de las leyes de memoria en una sociedad democrática tiene que distinguir entre las leyes que introducen sanciones penales para determinadas reivindicaciones históricas y todas las demás leyes de memoria (en aras de la simplicidad, las llamaré «declarativas»). En un mundo ideal, probablemente no debería haber ninguna política de la memoria patrocinada por el Estado, excepto la educación dirigida al desarrollo del pensamiento crítico. En el mundo real, sin embargo, apenas podemos imaginar un Estado sin una mínima historia oficial plasmada en sus instituciones, símbolos y fiestas. Más que eso, la historia es un medio importante para legitimar la democracia contemporánea mostrando sus orígenes, los retos que tuvo que afrontar y su lugar en el desarrollo de nuestras sociedades.  Podemos dudar de la justificación de tal o cual ley declarativa, pero es difícil afirmar que el Estado no tiene derecho a expresar su punto de vista oficial sobre los acontecimientos del pasado.  El problema surge cuando un gobierno prohíbe opiniones alternativas sobre estos acontecimientos.

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Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura), comúnmente conocida como Ley de Memoria Histórica, es una ley española aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007. [1] Se basa en un proyecto de ley propuesto por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Ley de Memoria Histórica reconoce principalmente a las víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil española, otorga derechos a las víctimas y a los descendientes de las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura del general Francisco Franco, y condena formalmente las represiones del Régimen de Franco.

Tanto el conservador Partido Popular como Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) votaron en contra de la aprobación de la ley, pero por motivos diferentes[2]. Para su voto negativo, el Partido Popular acusó al gobierno del Partido Socialista de debilitar el consenso político de la transición a la democracia y de «utilizar la Guerra Civil como argumento de propaganda política», mientras que Izquierda Republicana de Cataluña rechazó la ley por considerarla insuficiente[3][4].

Relación entre la memoria y la historia

Richard Wilson analiza los orígenes y el trabajo de la comisión de la verdad de Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, y las aportaciones positivas del proyecto de «Recuperación de la Memoria Histórica» de la Iglesia Católica.

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Las comisiones de la verdad se convierten en parte de una intensa lucha en la que participan todos los grupos políticos, sabiendo que quien define el pasado puede controlar también el futuro. Richard Wilson analiza los orígenes y el trabajo de la comisión de la verdad de Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Destaca sus numerosas deficiencias, como los mandatos restrictivos y los conflictos de intereses, así como las aportaciones positivas del proyecto de «Recuperación de la Memoria Histórica» de la Iglesia Católica. Wilson concluye con reflexiones sobre el camino a seguir para la verdad y la reconciliación en Guatemala, incluyendo la necesidad de reformar el sistema de justicia penal.

Dos agendas políticas de posguerra en las que las comisiones de la verdad inciden necesariamente son el establecimiento de la justicia y la consolidación de la democracia. Estos objetivos suelen representarse como «venganza» frente a «reconciliación» y, como tales, pueden parecer incompatibles. Sin embargo, hay otro argumento que afirma que la justicia y la democracia son complementarias y se refuerzan mutuamente; que romper un régimen de negación y desafiar la impunidad sólo puede fortalecer el estado de derecho que las instituciones democráticas fomentan y requieren.

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